FUTUDÍS hace balance tras 9 meses de implementación de la reforma del Código Civil (Ley 8/2021)

• Nueve meses después de la entrada en vigor de la Reforma del Código Civil FUTUDÍS ha realizado un 35% de los informes de revisión de medidas de apoyo.
• Muchos de los cambios que introduce esta reforma legal ya estaban incorporados en el ADN operativo de la Fundación FUTUDÍS.

Hoy 3 de junio se cumple un año de la publicación en el BOE de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica” y 9 meses de su entrada en vigor el pasado 3 de septiembre de 2021.

Una reforma de gran calado que supone reconocer que todas las personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de su vida, impidiendo, por otro lado, que los tribunales puedan establecer cualquier tipo de privación de derechos. Mediante esta reforma, se introduce en el ordenamiento jurídico español aspectos recogidos en la Convención de las Naciones Unidas en favor de los derechos de las personas con discapacidad de 2006 y que España ratificó en el año 2007.

Para una fundación como FUTUDÍS, dedicada al apoyo a la toma de decisiones en el ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, esta ley supone un paso hacia adelante en la defensa y asistencia a los derechos de las personas.

“En este sentido, una de las especificaciones que prevé el nuevo régimen de la curatela, artículo 282, es la obligación del curador de establecer contacto personal con la persona a la que se presta apoyo. Algo que ya formaba parte de la dinámica de trabajo de FUTUDÍS que cuenta con una red de equipos profesionales multidisciplinares, que se encargan de establecer relaciones y sinergias con las propias personas poyadas, manteniendo un contacto frecuente”, afirma Pablo Muñoz, referente jurídico de FUTUDÍS.

Asimismo, la reforma es un reto jurídico-social-administrativo, ya que supone la elaboración y recopilación de informes detallados para la revisión de las medidas establecidas en las anteriores sentencias de incapacitación (de la capacidad de obrar) que ya se están progresivamente solicitando por los juzgados de Castilla y León.

Hasta ahora se han iniciado 183 procedimientos de revisión de medidas, un 35% del total, de los cuales únicamente 8 han concluido con el nuevo auto que regulará las medidas de apoyo que precisa cada una de esas personas hasta que se produzca una nueva revisión -periodo que también se establece en la nueva resolución judicial-.